La OMS acaba de alertar del enorme daño, miedo y sufrimiento que la ovid-19 está causando a las personas mayores en todo el mundo, con una tasa de mortalidad para quienes tienen 80 y más años cinco veces mayor que para el resto de la población. Además de lamentar la desatención sanitaria en las residencias, tanta muerte en soledad y tanto duelo en la distancia, se enfatizan otros efectos dañinos, como es el trauma del estigma y la discriminación.
Aunque partimos del desconocimiento global con que se ha actuado en esta pandemia en la que se ha carecido de hoja de ruta para combatirla, sí es momento para profundizar en la reflexión colectiva y analizar qué ha fallado en nuestros sistemas sociosanitarios para tener resultados tan trágicos como el elevado número de muertes en residencias (66% de todas las producidas en España).
Es verdad que los recortes (verdaderamente cruentos los de 2012) disminuyeron considerablemente los recursos técnicos y las ratios profesionales; es verdad que la conjunción entre la velocidad infectiva del virus y la lenta en reaccionar del sistema originó la escasez de EPIs y de productos diagnósticos, provocando el desproporcionado contagio de tantos profesionales; es verdad que algunos hospitales rozaron el colapso… Pero todo eso no justifica que tantas personas mayores y con discapacidad que viven en residencias se hayan visto privadas de medidas epidemiológicas y de la obligada asistencia sanitaria, contraviniendo nuestra propia normativa según la cual estas “tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación (…) y a que se les preste atención de la misma calidad que a las demás personas”.
¿Qué ha pasado mientras en el sistema de servicios sociales, de los que dependen, entre otros, las residencias? Ellas han sido las paganas de la crisis. Han visto impotentes cómo se les ha señalado como culpables de la situación, cuando estos centros carecen de medios y recursos para afrontar una epidemia como esta, que es eminentemente sanitaria, aunque tendrá consecuencias sociales graves.
Error de base
Constituye un error de base haber pedido a las residencias que actuaran frente a la Covid-19 sin tener en cuenta que su función no es la de prevenir, diagnosticar y curar enfermedades (fines del sistema sanitario), sino cuidar y acompañar a las personas (fines del sistema social). Y, aunque es cierto que han aflorado casos de intolerables malas praxis en algunos centros y que ha fallado el control de la Administración, aunque es cierto que se necesitan mayores ratios y más cualificación profesional para poder cuidar y acompañar mejor a las personas, aunque es cierto que se requieren mejores retribuciones y también más reconocimiento a este trabajo, el balance que hacemos es que en la mayoría de las residencias se reaccionó con responsabilidad y vocación de servicio pese a la enorme escasez de recursos con que contaron.
Consideramos relevante insistir a la hora de analizar lo sucedido que hay que separar nítidamente las decisiones que se han adoptado por los responsables de los servicios de la actuación profesional, tanto de sanidad como de servicios sociales. Todos sus equipos han continuado al pie del cañón con enorme responsabilidad y poniendo en peligro su salud y hasta su vida. Los ejemplos de tantos profesionales, extenuados pero impertérritos en su función, su búsqueda improvisada de medidas protectoras, incluidas las de confinarse en las residencias junto a las personas mayores para protegerlas mejor, prueban cada día su compromiso y sentido del deber.
La información que vamos teniendo sobre la pandemia nos ayudará a prepararnos mejor para el futuro y también a comprender y analizar más ajustadamente lo ocurrido. Para ello tenemos que hacernos preguntas que resultan insoslayables desde un posicionamiento ético y que quizá no nos atrevemos a formular. Pero necesitamos hacérnoslas para esclarecer qué ha latido en el fondo de lo ocurrido para que, aunque sin premeditación y en un contexto de emergencia sanitaria nunca antes vivido, todo un grupo de población haya visto lesionando su derecho a la atención sanitaria. Importa que nos planteemos esta reflexión y que identifiquemos sus causas para evitar que vuelva a poder considerarse que unas vidas tienen más valor que otras.
La dignidad que es inherente a toda persona per se, por encima de todas sus características individuales, hace que cada una tengamos valor y no precio y, por ello, que nunca debamos ser utilizadas como medio, sino como fin (Kant). Hacer visible la discriminación existente hacia las personas mayores en general, que crece sobremanera cuando se vive en una residencia, es condición indispensable para evitar en el futuro comportamientos que podrían calificarse de gerontofóbicos. Cada uno de nosotros y nosotras hemos de comprometernos en ello y contribuir a dibujar así esa sociedad que queremos en la que todos, desde la cuna a la tumba, seamos considerados iguales en dignidad y derechos.
(Artículo de Pilar Rodríguez Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, exdirectora general del Imserso y exconsejera de Asuntos Sociales de Asturias, publicado en ABC el 6 de junio de 2020)