Las personas que se encuentran en situación de discapacidad, fragilidad o dependencia, desean, como el resto de la población, desarrollar sus proyectos vitales conforme a sus propias preferencias y manteniendo el control de su vida tanto en decisiones coyunturales de envergadura como en aspectos de sus rutinas y acontecer cotidiano. La mayoría de estas personas requieren apoyos de diferente tipo e intensidad según el momento de su vida y según las limitaciones funcionales o de participación que presenten. A ellos tienen derecho, por el principio de igualdad de oportunidades, para compensar su situación de desventaja. Así ha venido siendo reconocido por la normativa supranacional y la de los países más avanzados en políticas sociales.

Tales apoyos deben ofrecerse por los poderes públicos, los proveedores privados y la sociedad en general con garantía del respeto de la dignidad inherente a la persona, de sus derechos de ciudadanía y del ejercicio de su autonomía personal, con independencia del lugar en el que vivan: en la ciudad o el medio rural; en su domicilio o en una residencia.

Lo anterior requiere de esfuerzos y cambios para lograr actuaciones verdaderamente orientadas hacia los derechos y la calidad de vida de las personas, tanto en planificadores, legisladores, inspectores y demás responsables, como en los y las profesionales de atención. En relación con éstos últimos, que son los artífices principales del cambio de modelo, es imprescindible que mantengan una actitud abierta para analizar y cuestionarse formas tradicionales de relación, comunicación, intervención y de desempeño profesional. Para ello, precisan apoyos de formación continuada, con materiales didácticos de apoyo metodológico y de acompañamiento a lo largo del proceso de cambio.

Como es bien conocido por la investigación desarrollada, la inmensa mayoría de las personas que requieren apoyos desean permanecer viviendo en su casa e integradas y participando en su entorno comunitario, lo que obliga a desarrollar y ofrecer servicios, programas, prestaciones y productos que lo favorezcan.

Para quienes no puedan o no quieran continuar viviendo en su domicilio debido a la gravedad de su proceso de dependencia, carencia de apoyo social, etc., se precisa disponer de alojamientos alternativos al domicilio que, al tiempo de ofrecer la atención que precisan, puedan llegar a percibirse como un hogar propio. Para ello las residencias, apartamentos o viviendas con servicios deben reunir características de diseño ambiental adecuadas, además de desarrollar un modelo de atención igualmente basado en dignidad y derechos.

Este es, en esencia, el fin que se persigue con el modelo de atención integral y centrada en la persona que propugna, defiende y promueve la Fundación Pilares para la Autonomía Personal. Fundamentándose en el conocimiento disponible, el mismo se ha definido por Pilar Rodríguez como el que promueve las condiciones necesarias para la consecución de mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de la persona, partiendo del respeto pleno a su dignidad y derechos, de sus intereses y preferencias y contando con su participación efectiva. En este modelo se integran y complementan tanto los servicios y programas de intervención y atención como las características del ambiente (diseño arquitectónico, ubicación en el medio, utilización de productos de apoyo, TIC, etc).

Las dos dimensiones del modelo

La primera es la de «integralidad», es decir, la necesidad de contemplar a la hora de planificar o de intervenir todos los ámbitos que nos constituyen como personas: los aspectos relacionados con el cuerpo (biomédicos), los que tienen que ver con nuestro funcionamiento psicológico y social y los que atañen al entorno medioambiental en el que nos desenvolvemos (nuestra vivienda, el centro al que acudimos o en el que vivimos, nuestro barrio, los lugares de interacción y participación social y de ocio, el contacto con la Naturaleza).

Por eso, cuando alguien tiene una discapacidad o se encuentra en riesgo o en situación de dependencia, no sólo hay que analizar en las intervenciones lo que afecta a la recuperación de la pérdida de salud y/o de capacidad funcional y la promoción de la autonomía, sino que también hay que contemplar y explorar los otros ámbitos, como la vida afectiva, la necesidad de interacción y participación social, las necesidades educativas o de inserción laboral, el desarrollo de las aficiones, sentirse a gusto y confortable en el hogar (ya sea éste el propio domicilio o sea una residencia), etc. Aspectos como todos los mencionados son los que contribuyen al bienestar y a la calidad de vida de todas las personas y, por tanto, todos ellos conjuntamente deben ser contemplados en la planificación y en las intervenciones.

Esa perspectiva de integralidad requiere de intervenciones globales e integradas. En este sentido, una vieja asignatura pendiente desde hace muchos años es que se consigan avances reales y duraderos en la coordinación entre los servicios sociales y los sanitarios para que las personas que requieren atención de ambos sectores, vivan donde vivan, la reciban de manera conjunta y continuada. Pero la exigencia de integralidad traspasa el ámbito de lo sociosanitario porque igualmente es necesario desarrollar actuaciones coordinadas tanto entre niveles de los servicios sociales (primaria y secundaria) como con otros sectores diferentes (vivienda, cultura, educación, empleo, participación social, etc.) así como desterrar visiones estereotipadas que originan actitudes discriminatorias hacia las personas mayores o con discapacidad.

Mención aparte merecen en la dimensión de integralidad del modelo, los aspectos relativos al diseño ambiental (arquitectónico, urbanístico), el papel de los productos de apoyo, los avances en domótica, la teleasistencia avanzada y otras utilidades de las TIC que están llamadas a tener un amplio desarrollo en el futuro y que deben ser congruentes y respetuosos con las bases y principios del modelo.

La otra dimensión del modelo es la «atención centrada en la persona» , que se produce cuando los y las profesionales de la intervención, así como el sistema organizativo de centros, programas y servicios ponen como eje de su actuación a la persona, reconocen y respetan su dignidad y sus derechos y, en consecuencia, tienen en cuenta y se apoyan en su opinión y sus preferencias a la hora de planificar y de intervenir para favorecer que la persona pueda ver reducida o minimizada su situación de fragilidad, discapacidad o dependencia y encuentre los apoyos precisos para desarrollar su autonomía personal en el transcurso de su propio plan de vida.

En coherencia con lo anterior, desde este modelo resulta imprescindible conocer e integrar en las intervenciones la biografía de cada persona, sus hábitos, gustos y deseos, e identificar las capacidades personales, incluso cuando se trate de casos con importante grado de deterioro. Sobre esta base, se aplican las técnicas y apoyos basados en evidencia científica y se desarrollan planes personalizados mediante los que promover las condiciones tendentes al logro de la mayor independencia posible y el ejercicio de la autonomía personal para el desarrollo de sus planes de vida y el mantenimiento del control sobre las actividades de su vida cotidiana.

En síntesis, desde el modelo de atención integral y centrada en la persona, las condiciones ambientales, la tecnología, los servicios formales y las relaciones e intervenciones profesionales se conciben y se constituyen como apoyos para incrementar la calidad de vida y el bienestar de las personas y para favorecer la continuidad de sus proyectos de vida. Su misión consiste en atender, proteger, enseñar, intervenir, acompañar, ofrecer cuidados, aplicando la evidencia científica existente en cada momento, pero manteniendo siempre el fin último de contribuir a que quienes precisan atención y apoyos vivan bien y no pierdan el control de sus propias vidas.

Los principios rectores y criterios que los hacen posibles

La dignidad, atributo intrínseco de la persona en cualquiera de sus etapas y circunstancias vitales, es el eje sobre el que se erige este modelo. Preservarla en su integridad resulta obligado debiendo extremarse el celo en los aspectos más sensibles para lograr un trato digno: respeto absoluto por la intimidad, las creencias, la identidad e imagen, la orientación sexual, etc.

El respeto por la dignidad personal parte de la aceptación de que todas las personas somos igualmente valiosas y, por tanto, merecedoras de buen trato. Y por ello los principios de la ética deben presidir e impregnar tanto la práctica profesional como la de los agentes que diseñan y planifican acciones en este ámbito.

Partiendo de esta premisa, el modelo AICP se fundamenta en una serie de principios, y en unos criterios metodológicos que hacen posible su cumplimiento. Éstos y aquéllos se reclaman recíprocamente: los criterios constituyen una herramienta esencial para el desarrollo de una correcta praxis profesional, y al mismo tiempo, estos criterios deben estar supeditados al cumplimiento de los principios básicos del modelo: